El Gobierno aprueba un anteproyecto para crear un Centro Nacional de Ciberseguridad

La iniciativa busca reforzar la defensa de sectores estratégicos ante los ciberataques

Consejo de Ministros del Gobierno de España. Foto: cortesía. Portal ERP España.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, una normativa propuesta por los ministerios del Interior, de Defensa y para la Transformación Digital y de la Función Pública en España, cuyo objetivo principal es reforzar la protección de las redes y sistemas de información y que tiene como eje principal la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad. 

Este nuevo organismo se encargará de gestionar las crisis cibernéticas, coordinar las acciones en sectores estratégicos y garantizar el cumplimiento de estándares de protección digital.

La iniciativa responde al incremento de ciberamenazas que afectan tanto a instituciones públicas como privadas. Según explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "estas redes están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras".

El anteproyecto busca alinear la normativa española con la directiva europea de 2022, que establece requisitos comunes de ciberseguridad para todos los estados miembros. Sectores como la energía, el transporte, la banca, la salud y las infraestructuras digitales estarán obligados a adoptar medidas específicas para evaluar y mitigar los riesgos. Además, las empresas deberán notificar cualquier incidente que comprometa la seguridad de sus servicios o de sus proveedores.

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El Centro Nacional de Ciberseguridad asumirá un papel central en esta estrategia, gestionando las situaciones de emergencia y promoviendo la cooperación entre los diferentes actores involucrados. Los ministerios de Defensa y de Transformación Digital también desempeñarán un rol clave en la supervisión del cumplimiento de estas medidas.

La ley incluye disposiciones para asegurar que las entidades afectadas tengan su actividad principal en España o dentro de la Unión Europea. Además, se prioriza la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar una respuesta ágil y efectiva ante los retos que plantea el panorama digital actual.

El Gobierno ha señalado que este proyecto será tramitado con urgencia, destacando su importancia para proteger la economía y la seguridad nacional en un contexto de creciente dependencia tecnológica. Esta medida representa un paso decisivo en la construcción de un marco integral que permita hacer frente a las amenazas del entorno digital.