Asociaciones empresariales solicitan incentivos fiscales para la implantación de Verifactu y factura electrónica

Entidades y profesionales advierten del riesgo de colapso si no se aprueba un calendario escalonado y deducciones que alivien el coste para pymes y autónomos

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: La Moncloa - Gobierno de España.

Una docena de asociaciones empresariales y entidades profesionales ha reclamado formalmente la aprobación de ayudas fiscales destinadas a empresas y autónomos para facilitar la adopción de los nuevos sistemas de facturación electrónica y el reglamento Verifactu. Esta petición surge ante la proximidad de los plazos de adaptación: el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de ese mismo año para autónomos, con el objetivo de que la transición tecnológica no suponga un coste excesivo para el tejido productivo español.

La petición se enmarca en un contexto de acumulación regulatoria sin precedentes: Verifactu (Ley Antifraude), la factura electrónica B2B (Ley Cra y Crece), el registro horario digital, la directiva NIS2 y el Reglamento europeo de IA (AI Act) conforman una agenda que obliga a las empresas españolas a tomar decisiones de inversión en software de forma simultánea y en plazos ajustados.

Entre las organizaciones firmantes de esta propuesta se encuentran Madrid Foro Empresarial, la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), y compañías especializadas como ZeroComa, PavaBits-Matrix, EasyAP, Namirial-Digital Technologies, UnifiedPost-Bankup, B2Brouter, Docuten, Spairal, Avalara y Logalty. Según exponen estas entidades en un comunicado, la actual hoja de ruta pone en riesgo a 3,3 millones de pequeñas y medianas empresas y a 3,4 millones de profesionales autónomos debido a un posible "colapso" en el proceso de implementación técnica.

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Para evitar esta situación, el colectivo solicita que la transición se realice de manera más escalonada y que se habiliten deducciones fiscales siguiendo el modelo ya aplicado por las diputaciones forales vascas. Con este propósito, han presentado a los grupos parlamentarios una enmienda de adición al real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre. Dicha norma retrasa la obligatoriedad de la factura electrónica y los sistemas Verifactu hasta inicios de 2027, pero las asociaciones consideran imprescindible el estímulo fiscal para que los obligados tributarios comiencen la adaptación de forma paulatina.

Las asociaciones sostienen que el uso de incentivos fiscales permitiría reducir "sensiblemente" el coste de la inversión necesaria para actualizar el software de gestión. Advierten que, de no tomarse estas medidas, una gran parte de las empresas aplazará la decisión de compra e implementación hasta el último momento. "En el caso de los profesionales y autónomos, esta situación podría agravarse, ya que su falta de recursos económicos y humanos motivarán sin ninguna duda el aplazamiento de la toma de decisión a los últimos días previos a la efectividad de la norma", han alertado.

Finalmente, las entidades instan a las fuerzas políticas a aprobar la enmienda para facilitar la digitalización de los procesos administrativos. En su opinión, la medida tendría consecuencias directas en el tejido empresarial: mejoraría el intercambio de facturas con clientes y asesores fiscales y, según destacan, "una de las mayores ventajas es el control de pagos y como consecuencia, la reducción de la morosidad".