Hacienda aplaza a 2027 la obligatoriedad del sistema Verifactu

El nuevo calendario otorga un año extra para adaptarse a los autónomos y pymes

María Jesús Montero, Ministra de Hacienda. Foto: La Moncloa. Portal ERP España.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación digital Verifactu, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda a los medios.

De este modo, las empresas con facturación inferior a seis millones de euros tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2027 para adaptarse, mientras que los autónomos y el resto de profesionales dispondrán hasta el 1 de julio de 2027.

La norma había sido aprobada inicialmente mediante el Real Decreto 1007/2023, que pretendía forzar la adopción de sistemas informáticos de facturación capaces de generar registros inalterables, trazables y auditables. Con su implementación, más de siete millones de pymes y autónomos se preparaban para dejar atrás la facturación manual con Word o Excel y pasar a un sistema certificado.

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Según el decreto aprobado hoy, se concede un mayor margen de adaptación a empresarios y profesionales ante las exigencias técnicas y operativas que implica el nuevo sistema.

Verifactu busca reforzar la transparencia fiscal, garantizar la trazabilidad de las facturas y evitar maniobras de manipulación, como el borrado o la reemisión irregular. Las facturas deberán generarse con un software certificado, incorporar un código QR y mantener un registro que quede disponible para la Agencia Tributaria. Cualquier corrección tendrá que formalizarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original.

El nuevo calendario supone una pausa en la obligatoriedad del sistema, pero no resta importancia al carácter del reglamento: cuando Verifactu entre en vigor, impactará a millones de compañías y autónomos en España, que deberán adaptar sus sistemas de facturación a los requisitos técnicos y normativos que exige la ley.

Reacciones

Las primeras valoraciones no se han hecho esperar y distintos actores del ámbito fiscal y tecnológico han mostrado su postura tras el aplazamiento de Verifactu.

Desde el Consejo General de Economistas de España (CGE), a través del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), su presidente, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, han señalado que “la mayoría de los empresarios ya habían planificado sus recursos y organizado la adaptación de sus sistemas confiando en los plazos inicialmente establecidos, por lo que un cambio tan tardío complica su organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo”, si bien reconocen que la ampliación del plazo "puede ofrecer un respiro para aquellas empresas que aún estaban en fase de adaptación”.

Sage también se ha pronunciado tras la decisión del Gobierno y, si bien considera que el anuncio ha sido “una sorpresa, por el contexto y la forma en la que se ha producido”, valora positivamente la ampliación del calendario para “garantizar una transición segura y sencilla para empresas y autónomos”. La compañía considera que el nuevo marco temporal permite a las organizaciones “preparar la transición sin presión, planificar sus inversiones tecnológicas de manera adecuada y asegurar el cumplimiento normativo con mayor serenidad”.

Entre sus peticiones al Ejecutivo, Sage ha destacó la necesidad de “avanzar en la unificación de los plazos de Verifactu y de la Factura Electrónica”, al advertir que la coexistencia de ambos marcos con calendarios distintos genera “incertidumbre y una sobrecarga normativa”. La compañía ha subrayado igualmente la necesidad de activar ayudas específicas —subvenciones, incentivos fiscales y formación— para facilitar la adopción del sistema, así como programas de formación que faciliten la comprensión de los beneficios derivados de los procesos de digitalización. "De lo contrario, existe el riesgo de que los niveles de adopción continúen siendo bajos en diciembre de 2026", han advertido.